Cadena cárnica porcina en peligro sanitario

La Cámara de Diputados bonaerenses aprobó en la sesión que tuvo lugar el pasado jueves 22 de marzo, un Proyecto de Solicitud de Informes rubricado por el diputado de Unidad Ciudadana (UC)  Mariano Pinedo, con relación al incremento en la importación y comercialización de carne porcina congelada en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Entre 2015 y 2017 se incrementó un 178 % la importación, pasando de 11 mil toneladas a 38 mil, significando una problemática para el sector y para la soberanía y seguridad alimentaria y sanitaria, no solo del territorio bonaerense sino de la Argentina, vulnerando un derecho humano del que debe ser garante el Estado.

En ese sentido, según consta en la solicitud, “el sector en ese período bajó de un crecimiento de 15% dado entre 2003 y 2015, cuando se incrementó la faena de cerdos de 1.8 a 7 millones, el consumo pasó de 5 kilogramos  por habitante por año a 17,5 en el mismo período”.

Por otro lado, Pinedo argumentó que “esa importación, para peor, consiste en carne que ingresa congelada y se vende en las grandes cadenas como fresca. Con el consecuente riesgo sanitario y a la salud de la población” y además, abrió un interrogante: ¿Quién controla en un estado que cada vez se desguaza con más velocidad y contundencia?‏

En el documento presentado por el legislador de UC, se puntualiza el requerimiento de informes sobre el protocolo sanitario desplegado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) en territorio provincial; y sobre la existencia de fiscalización  en puntos de venta al público del correcto etiquetado del producto congelado llevado a cabo por La oficina de Alimentos del Instituto Biológico Dr. Tomas Perón dependiente del Ministerio de Salud.

Los fundamentos se basan en que “la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (F.A.O.) define la seguridad alimentaria como un “derecho humano que se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.

Una cuestión de Estado

Según consta en el texto presentado el  22 de marzo, “el Código Alimentario Argentino considera como carne fresca, la proveniente de la faena de animales y oreada posteriormente, que no ha sufrido ninguna modificación esencial en sus características principales y presenta color, olor y consistencia característicos.

La carne de ganado fresca que se expenda después de 24 horas de haber sido sacrificada la res, debe mantenerse a una temperatura no mayor de 5°C en cámaras frigoríficas.

En las góndolas de las grandes cadenas de supermercados en nuestra provincia, se puede encontrar carne de cerdo envasada y etiquetada como “fresca” e “industria Argentina”, siendo que el producto es importado y de origen congelado. Esto constituye una defraudación  ya que la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nacional N° 24.240), en su Artículo 4° expresa que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada toda la información relacionada con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

El congelado y descongelado de la carne beneficia la proliferación de bacterias entéricas que son causantes de enfermedades en humanos, poniendo en riesgo la salud pública por la CADENA DE FRIO INTERRUMPIDA.

Salud pública y sanidad en riesgo

Otro de los puntos analizados, tiene que ver con que “el riesgo a la salud pública va acompañado por uno sanitario, pudiendo generar daños irreparables a los productores porcinos de la provincia. Argentina posee un estatus sanitario porcino como pocos países en el mundo, al ser libre de Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino (PRRS), un virus que afecta exclusivamente a los cerdos. Siendo sólo: Australia, Finlandia, Nueva Zelanda y nuestro país los libres de esta enfermedad.

La ausencia de controles en la importación de carne ante la inminente importación de productos porcinos con origen en los EE.UU. puede provocar un desastre sanitario en el sector porcino. Importación arbitraria e innecesaria llevada adelante para destrabar el ingreso de limones argentinos a los EE.UU.

Ante las políticas de ajuste implantadas en el SENASA con una sensible disminución del presupuesto -desaparición de delegaciones en todo el país-;despido de cientos de trabajadores; delegación de controles sanitarios a instituciones privadas ,desaparición de servicios de inspección veterinaria del Estado. Aumenta el peligro latente de intoxicaciones  por un inadecuado control sanitario, poniendo  en riesgo la salud de nuestro pueblo.

El consumo de carne porcina creció exponencialmente en los últimos años, hasta llegar a los 17,5 kg por habitante por año. Desentenderse y no extremar los cuidados ante la existencia de productos maliciosamente mal etiquetados afecta no solamente la carne importada, que en los últimos dos años casi duplica su porcentaje, sino también el creciente consumo del producto de origen nacional. El 50% de la producción nacional se concentra sólo en el 2% de los productores, así el pequeño productor se ve más afectado, por no estar en iguales condiciones de competencia, que las grandes empresas del sector.

Ante esta contingencia es prudente recordar que la carne importada contiene RACTOPAMINA, un fármaco anabólico que aumenta la masa muscular, la ganancia de peso y reduce grasa. De esta forma descripta, aumenta la conversión alimenticia -menos alimento consumido por kilo de carne producido- y los costos de producción. Siendo una ventaja desigual para el productor local ya que en nuestro país está prohibido el uso del fármaco. La presencia de esta sustancia agrava la realidad del productor local que se ve ya afectado por la concentración que se ostenta en los grandes jugadores de esta rama de la agroindustria”.