La planta de Faena Ingeniero Jacobacci S.E se encuentra en peligro de cierre debido al accionar de la empresa concesionaria, Carnes Rionegrinas SRL y del Estado comunal. De 24 empleados solo quedan 8, los despedidos no cobraron indemnización y los que continúan reciben sus salarios con 40 % menos de remuneración, en cuotas y sin recibo de sueldo. Los laburantes se reunirán en el HCD local.
Los trabajadores actualmente en funciones y los ex trabajadores de la Planta de Faena Ingeniero Jacobaci S.E, elaboraron un petitorio realizado en el marco de asamblea permanente, solicitando el apoyo y acompañamiento de los gremios locales, partidos políticos y de vecinos de toda la localidad debido a los despidos de “nuestros compañeros y al incumplimiento de parte del empresario en todos los aspectos referidos a nuestra vinculación y derechos como trabajadores”.
Según indicaron los propios trabajadores, que están en asamblea permanente, temen por el cierre de este emprendimiento que concesiona la empresa barilochense Carnes Rionegrinas SRL.
“El año pasado éramos 24. Hoy somos 8 en la planta de faena, más dos serenos. Hace unos meses despidieron a varios compañeros y sólo estamos faenando cerdos. Trabajamos en una situación muy precaria, con el pago de nuestros sueldos atrasados, sin tener los recibos correspondientes y además tenemos información que a fin de mes la empresa dejaría de funcionar”, indicaron los trabajadores.
A principios de 2017, la PFIJ estuvo paralizada siete meses, luego de que SENASA suspendiera las actividades luego de una inspección.
En el petitorio con fecha de hoy, 26 de marzo, los trabajadores también manifiestan que “sumado al abandono que la famosa “sociedad del Estado” viene haciendo con el matadero y especialmente con la regulación y funciones que en el Anexo I del Estatuto Social del Matadero Ingeniero Jacobacci S.E , que se reglamentó a partir de la ordenanza N° 016-27/11/2001 está vigente.
En ese sentido y “frente al desamparo político que por acción u omisión se viene realizando constantemente con nosotros”, solicitan la reincorporación de los trabajadores despedidos, el cese urgente de despidos; la intervención urgente del poder político para garantizar el funcionamiento del matadero con los trabajadores que inicialmente estuvimos desempeñando funciones allí.
También, exigen el pago de los meses atrasados a los trabajadores que aún están trabajando y de los que han despedido, garantizando la entrega de recibos de sueldo y el cumplimiento de los derechos laborales; la regulación urgente de la sociedad del Estado y participación activa y representación de los trabajadores de la misma.
El último punto, requiere la “firma de acta acuerdo donde el poder político y todos los actores se comprometan a que pase lo que pase y venga quien venga a explotar el matadero los trabajadores despedidos y los que estén trabajando en la actualidad, tengan garantizados sus puestos laborales”.
La semana pasada, mantuvieron una reunión con los concejales, a quienes les transmitieron su malestar y le solicitaron ayuda para resguardar los puestos de trabajo. Admitieron que en los últimos meses la empresa viene despidiendo personas y que además les adeuda varios meses de sueldos.
En ese sentido, uno de los ediles del HCD que trabaja sobre esta cuestión es Joel Córdoba de JSRN e indicó que hoy los trabajadores están recibiendo el 30 o 40 % de su sueldo, en cuotas y sin recibo de sueldo.
También indicó en distintos medios locales que la discusión se centra en que “hay un contrato de concesión que está firmado en enero de 2017 entre el presidente del matadero de Jacobacci Sociedad del Estado, Julio Berger y el intendente Carlos Toro. Frente a esto, parte del legislativo, en una discusión con los 4 concejales, argumentan que hace años no está funcionando. Si la sociedad del estado no está vigente y no está funcionado, cómo se va a firmar un contrato a nombre del Estado municipal. O se está generando una sociedad ilícita o el jefe comunal está firmando algo a espaldas del pueblo”.
La propuesta que saldría del HCD, según indicaron, menos del bloque de la UCR, sería “judicializar primero el contrato de concesión aprocrifo, llevar adelante un juicio al empresario que se encargue de abonar todo lo que se le debe a los trabajadores, que les debe el salario y las indemnizaciones y a quienes continúan trabajando se le regularice su situación. Esto lleva años dando vueltas y el único producto que sale de la Sala de Faena es la precarización laboral”.
