Vista la actual integración del Consejo Directo del INTA, cuyas cinco sillas destinadas al sector productivo están ocupadas por las patronales del campo, la respuesta no resulta alentadora.
Días atrás se publicaba en la web de Ecos de la tierra el reclamo conjunto de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas Limitada (Fecofe) y Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, las que mediante un comunicado de prensa denunciaban irregularidades en la conformación del órgano máximo del organismo estatal.
Estos sectores actualmente no están siendo representados en el Consejo Directivo del organismo. Sin embargo, representan el 65% de los establecimientos agropecuarios del país y ocupan el 13% de las tierras cultivadas, generando el 20% de la producción y el 54% del empleo rural, según datos brindados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el reclamo se plantea que este sector es actualmente el principal productor de alimentos saludables para el mercado interno. Plantean, además, que son la apuesta a la salida del hambre y el camino a la Soberanía Alimentaria de nuestro país. Se encuentran enmarcados en el rol estratégico de políticas públicas acertadas para el sector.
Héctor Espina, trabajador de INTA hace 32 años, recorrió distintas instancias en la institución, entre ellas la de director nacional. Consultado por Ecos de la tierra, dio cuenta de cómo se articula este reclamo y cuáles son los puntos centrales.
Un poco de historia
El INTA cuenta con un Consejo Directivo que está conformado por representantes de las entidades referentes del sector agropecuario nacional. Este aspecto no deja de estar teñido de un contexto histórico de cuando se crea el organismo y estas organizaciones eran incuestionables en esa construcción política. También en ese momento únicamente se referenciaba a las facultades agronómicas y veterinarias como pertinentes en la discusión, así como también integrantes del Ejecutivo y el Ministerio que ocupa la cartera agrícola.
Esta composición data de 1956, fecha de creación del INTA (o incluso en plena dictadura, donde se incorporan algunas instituciones), y no representa hoy la realidad del país. El planteo es que ya estas organizaciones no dan cuenta de la diversidad de producciones, cantidad de productores y productoras y, sobre todo, la identidad de quienes producen alimentos y desarrollan estrategias agropecuarias en el país.
La mesa del INTA actualmente está compuesta por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (que referencia a 1.700 productores), la Federación Agraria Argentina, Coninagro (que agrupa organizaciones cooperativas rurales), las Confederaciones Rurales Argentinas (300 sociedades rurales de todo el país) y la Sociedad Rural Argentina (con aproximadamente 3040 asociados y asociadas).
¿Están todas las organizaciones?
La cantidad de productores y productoras representados ha ido decreciendo desde su creación a la fecha, planteó Espina, siendo referencias poco representativas de la realidad actual del país. Nuevos actores han ido cobrando fuerza y, así también, se han reconocido identidades productivas en los pueblos originarios, agricultura familiar, agricultura campesina.
La pequeña agricultura familiar organizada representa a los distintos productores y productoras rurales llegando a referenciar a más de 80 mil trabajadores y trabajadoras, de distintas realidades del país. Sin embargo, señaló Espina, a pesar de que la Ley de Agricultura Familiar indica que deberían tener representantes en los consejos locales, no se ven reflejados en la representación institucional en el INTA. Tampoco se ven reflejados los movimientos campesinos indígenas.
Como parte de algunos avances en la institución, Espina reconoce el desarrollo de institutos y centros dentro de INTA en respuesta a estas nuevas realidades. Por caso, los Institutos de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (IPAF) y los Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), varios de los cuales fueron cerrados durante la gestión macrista, o el mismo desarrollo territorial en sectores urbanos y periurbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Con todo, no se ha logrado institucionalizar la participación de nuevos sectores.
En la mesa de la familia argentina
Actualmente, en el marco de las políticas anunciadas, el acceso a alimentos resulta central y la agricultura familiar produce el 80% de estas producciones.
En este sentido es necesario pensar también un reordenamiento territorial, que supone generar trabajo y cercanía, respondiendo a las demandas actuales y la cantidad de trabajo rural que supone este sector. El INTA ha ido acompañando al sector también desde una perspectiva de arraigo territorial, avanzando también en la producción de alimentos agroecológicos, como en las colonias de Luján, por ejemplo.
Las dificultades que genera no estar representados en el Consejo Directivo del organismo que impulsa y ejecuta las políticas agropecuarias de alcance territorial, presenta un sesgo a la hora de pensar la implementación de estrategias desde el estado. A esto se suma la falta de representación y deuda histórica con los pueblos originarios, siendo uno de los sectores más relegados e invisibilizados.
La cuestión de género también resulta una problemática transversal que se ha ido retrasando y con pocas referentes en lugares directivos y de toma de decisiones.
Para las organizaciones y las y los trabajadores que han planteado este reclamo, tal como explicó Espina, estos son los temas pendientes que este organismo, presente en todo el territorio nacional, debería de encarar para aggiornarse con la realidad productiva del país. Los nuevos actores del sector agropecuario requieren de una mirada transversal y que plantee un diálogo que involucre a quienes están produciendo y fortaleciendo el mercado interno desde la agricultura familiar, cooperativa y campesina.